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Tarjeta Comunitaria 2026: Requisitos de Reagrupación

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vissumlex
hace 2 horas
25 min de lectura
Tarjeta Comunitaria 2026: Nuevo Reglamento RD 1155/2024

El régimen jurídico que regula la regularización de los familiares de ciudadanos de la Unión Europea y de España ha experimentado una transformación estructural. En 2026, el concepto de Tarjeta Comunitaria 2026 engloba en la práctica administrativa dos cauces normativos paralelos. El primero se rige por el Real Decreto RD 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025. El segundo continúa vigente al amparo del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero. La delimitación incorrecta entre ambos regímenes sigue siendo una causa frecuente de inadmisión a trámite en fase registral.


Con anterioridad a la reforma, tanto los familiares de ciudadanos españoles como los de nacionales de otros Estados miembros presentaban sus solicitudes mediante el formulario único EX-19. Dicho permiso recibía la denominación de Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión. Actualmente, el legislador ha configurado un estatuto jurídico autónomo para los familiares de españoles (Capítulo VII del Título IV del RD 1155/2024, artículos 93 a 99). Por su parte, los familiares de ciudadanos de otros países de la UE, del EEE y de Suiza mantienen su sujeción al régimen clásico del RD 240/2007. La aplicación práctica durante 2026 se apoya en las Instrucciones SEM 2/2025 de la Secretaría de Estado de Migraciones y en los ajustes introducidos por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril.


El principal obstáculo probatorio para los solicitantes sigue siendo la acreditación de la situación A cargo, entendida como dependencia material o física respecto del ciudadano reagrupante. Las Oficinas de Extranjería y los consulados de España deniegan un porcentaje elevado de expedientes fundamentados en la Dependencia Económica. Las denegaciones responden habitualmente a la fragmentación de las remesas, la falta de prueba de necesidad en el país de origen y errores de cálculo. A continuación se expone un análisis jurídico sistemático de la normativa vigente en 2026, los umbrales de presunción legal y la metodología probatoria exigible.


Cambios en la Tarjeta Comunitaria 2026 según el RD 1155/2024


El nuevo reglamento RD 1155/2024 divide la reagrupación familiar de españoles y de otros ciudadanos comunitarios en dos procedimientos diferenciados: el formulario EX-24 con nuevos umbrales de edad y el clásico formulario EX-19 del RD 240/2007.


La reforma del Reglamento de Extranjería ha eliminado la inseguridad jurídica derivada de la jurisprudencia iniciada con la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010. Anteriormente, los familiares de ciudadanos españoles que no habían ejercido el derecho de libre circulación en la UE accedían a la residencia por analogía con la Directiva 2004/38/CE o mediante la figura del Arraigo Familiar (RD 557/2011). En 2026, el modelo de Arraigo Familiar para familiares de ciudadanos españoles ha quedado suprimido. Su lugar lo ocupa la «Autorización de residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española».


La identificación precisa de las fronteras entre ambos regímenes determina el modelo oficial de solicitud, los plazos de resolución, el acervo documental y el acceso a las presunciones de edad.


Delimitación entre el régimen EX-24 (RD 1155/2024) y el EX-19 (RD 240/2007)


Cuando el familiar reagrupante ostenta la nacionalidad española y reside de forma permanente en España, resulta de aplicación exclusiva el Capítulo VII del Título IV del RD 1155/2024. La solicitud se formaliza a través del impreso oficial EX-24. Este procedimiento presenta diferencias sustanciales frente al sistema previo:


  • Plazo de resolución. La Administración dispone de un plazo máximo de dos meses desde la fecha de entrada de la solicitud en registro para dictar resolución (art. 97.6 RD 1155/2024). El vencimiento de dicho plazo sin notificación expresa produce efectos de silencio administrativo desestimatorio.

  • Tasa administrativa. La presentación de la autorización en territorio español está exenta del abono de tasa de tramitación (art. 97.8 RD 1155/2024; Orden PJC/617/2025). Únicamente procede el pago de la tasa 790-012 (12 euros) para la expedición de la tarjeta física TIE.

  • Vigencia de la autorización. El permiso inicial se concede por una duración de cinco años y habilita plenamente para trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia (arts. 95.1 y 95.3 RD 1155/2024).

  • Habilitación provisional para trabajar desde la solicitud. Conforme al artículo 97.5 del RD 1155/2024, el resguardo de presentación confiere a cónyuges, parejas registradas e hijos menores de 26 años el derecho provisional a permanecer y trabajar hasta que recaiga resolución firme.


Cuando el reagrupante es nacional de otro Estado miembro de la UE, del EEE (Noruega, Islandia, Liechtenstein) o de Suiza, rige el Real Decreto 240/2007. En este supuesto, la reagrupación familiar de ciudadano de la UE se tramita mediante el modelo EX-19 para la obtención de la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión. El plazo legal de resolución asciende a tres meses (art. 8.4 RD 240/2007). Con carácter previo, el ciudadano comunitario debe disponer del Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión (modelo EX-18).


Una regla específica asiste a los ciudadanos españoles que hayan residido de forma efectiva en otro Estado miembro de la UE (ejerciendo la libre circulación) y retornen a España. Las Instrucciones SEM 2/2025 reconocen a sus familiares un derecho de opción alternativa, pero no acumulativa. Pueden acogerse bien al RD 1155/2024 (EX-24), bien al RD 240/2007 (EX-19). La elección estratégica dependerá de qué régimen ofrezca condiciones más favorables en materia de edad, medios económicos o lugar de presentación.


Territorialidad de la presentación y modificaciones del RD 316/2026


La redacción original del RD 1155/2024 restringía la presentación directa desde España para los hijos mayores de edad y los ascendientes de ciudadanos españoles. La norma exigía inicialmente que el ciudadano español promoviese la solicitud ante la Oficina de Extranjería hallándose el familiar en el extranjero, con posterior tramitación de visado consular.


La práctica normativa de 2025 y 2026 corrigió dicha restricción. En primer término las Instrucciones SEM 2/2025 y, posteriormente, el Real Decreto RD 316/2026, de 14 de abril (en vigor desde el 16 de abril de 2026), consolidaron el derecho de los ascendientes y de otros supuestos familiares a presentar la solicitud directamente desde España cuando ya se encuentren físicamente en territorio nacional. No obstante, para los supuestos de Familia Extensa y para solicitudes iniciadas desde el país de origen se mantiene el esquema bifásico: resolución favorable de la Oficina de Extranjería (o tramitación directa en consulado si ambos residen fuera) y solicitud de visado de residencia en el plazo de un mes desde la notificación.


En la gestión de expedientes de Tarjeta Comunitaria 2026, la dirección letrada analiza ambos bloques normativos de forma conjunta. La invocación errónea del RD 1155/2024 para el familiar de un ciudadano francés o alemán residente en España conlleva la denegación automática por inadecuación del procedimiento.


Nuevos umbrales de edad: hijos hasta 26 años y padres mayores de 80


El RD 1155/2024 eleva hasta los 26 años el umbral exento de prueba de dependencia para hijos de españoles e introduce una presunción legal de estar a cargo para padres de 80 años o más.


Las flexibilizaciones de mayor impacto del nuevo reglamento inciden directamente en la distribución de la carga de la prueba. En el sistema anterior, cualquier familiar mayor de 21 años —fuese descendiente adulto o ascendiente— quedaba sometido a una auditoría financiera estricta. Los artículos 94 y 196 del RD 1155/2024 alteran sustancialmente este esquema respecto de los familiares de ciudadanos españoles.


Elevación del límite para descendientes hasta los 26 años


El artículo 94.1.d) del RD 1155/2024 dispone que tienen derecho a la residencia quinquenal los hijos del ciudadano español, así como los de su cónyuge, pareja registrada o pareja estable (Pareja de Hecho), que sean menores de 26 años. Anteriormente —y de forma vigente todavía bajo el artículo 2 del RD 240/2007 para otros nacionales comunitarios— este límite se situaba en los 21 años.


La aplicación del umbral de los 26 años exige la concurrencia de tres requisitos acumulativos:


  1. No haber cumplido 26 años en la fecha de presentación de la solicitud (o en la fecha de petición formal de cita previa, criterio consolidado por la jurisprudencia de 2026, en particular del Tribunal Superior de Justicia de Madrid — TSJ de Madrid).

  2. No haber contraído matrimonio ni haber constituido una unidad familiar propia independiente.

  3. Convivir o tener la intención de convivir en España con el ciudadano español.


Acreditados estos extremos, la dependencia económica a cargo queda exenta de prueba. La Administración no está facultada para exigir justificantes de remesas, certificados negativos de ingresos ni matrícula universitaria. A partir de los 26 años cumplidos, el hijo conserva el derecho a la reagrupación únicamente si demuestra vivir a cargo o padecer una discapacidad que precise apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Si el descendiente mayor de 26 años está casado o ha formado su propia familia, queda excluido del artículo 94.1.d) y pasa a encuadrarse en la categoría de «otros miembros de la familia» (art. 94.1.i RD 1155/2024), sujeta a un estándar probatorio reforzado.


El artículo 94.1.h) del RD 1155/2024 contempla una exención autónoma para los hijos de padre o madre que sean o hubieran sido españoles de origen. En este supuesto desaparecen por completo tanto el límite de edad como el requisito de dependencia económica.


Por el contrario, para los hijos de ciudadanos de otros Estados miembros de la UE que soliciten la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión conforme al RD 240/2007 (EX-19), subsiste el límite de 21 años. Los descendientes de entre 21 y 26 años de un ciudadano italiano, polaco o neerlandés residente en España continúan obligados a acreditar documentalmente la situación a cargo.


Presunción legal de dependencia para progenitores mayores de 80 años


La segunda reforma estructural suaviza el acceso a la residencia para los ascendientes de primer grado (padres del ciudadano español o de su cónyuge o pareja). Como regla general, el artículo 94.1.e) del RD 1155/2024 impone para la residencia de padres en España una doble exigencia: vivir a cargo del reagrupante y carecer de apoyo familiar en el país de origen, o bien acreditar la concurrencia de razones de carácter humanitario.


Sin embargo, el artículo 196.5 del RD 1155/2024 consagra una presunción legal directa: cuando el ascendiente tenga 80 años cumplidos o más, se presume automáticamente la concurrencia de la situación a cargo. El solicitante queda dispensado de aportar doce meses de envíos bancarios y de realizar el cálculo porcentual sobre el PIB per cápita. Basta con acreditar la edad (pasaporte y certificado de nacimiento) y el vínculo de filiación. La doctrina judicial de 2026 (incluidos pronunciamientos del TSJ de Madrid) ratifica el carácter vinculante de esta presunción tanto para las Oficinas de Extranjería como para las oficinas consulares en fase de visado.


Al margen del umbral de los 80 años, el artículo 196 del RD 1155/2024 contempla presunciones y flexibilizaciones probatorias ante cuadros médicos graves:


  • Existencia de pluripatologías en el ascendiente, acreditadas mediante informes médicos oficiales.

  • Pérdida severa de capacidad funcional o mental que impida el desenvolvimiento autónomo.

  • Grado de dependencia oficialmente reconocido en el ciudadano español reagrupante cuando el familiar se traslada para asumir su cuidado personal.


Para los progenitores menores de 80 años sin patologías incapacitantes, así como para la totalidad de los ascendientes de otros ciudadanos de la UE en trámites de Tarjeta Comunitaria 2026 (EX-19), no opera la presunción automática. Estos solicitantes deben aportar un expediente íntegro que acredite la Dependencia Económica y la ausencia de red de apoyo alternativa en origen.


Cómo acreditar la Dependencia Económica (A cargo)


La Dependencia Económica se demuestra mediante transferencias dinerarias regulares durante los últimos 12 meses por un importe mínimo del 51% del PIB per cápita del país de origen, junto con prueba de insuficiencia de recursos propios del solicitante.


La noción jurídica de «estar a cargo» constituyó durante años un concepto jurídico indeterminado moldeado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos Jia, Reyes, Chen) y del Tribunal Supremo español. El RD 1155/2024 codifica por primera vez este concepto en su artículo 196, fijando parámetros objetivos verificables. Aunque el artículo 196 se ubica sistemáticamente en el Reglamento General, su metodología actúa en 2026 como criterio orientador unificado para los instructores de Extranjería tanto en expedientes EX-24 como en expedientes EX-19.


Cuatro elementos jurídicos de la dependencia real


De acuerdo con los apartados 1 a 3 del artículo 196 del RD 1155/2024, el sostenimiento material únicamente surte efectos jurídicos cuando convergen cuatro notas:


  1. Realidad y finalidad de subsistencia. Los fondos transferidos deben destinarse a sufragar necesidades vitales básicas (vivienda, alimentación, medicamentos, suministros) en el país de residencia del familiar.

  2. Estabilidad y continuidad. El apoyo debe ser sistemático. Los ingresos esporádicos, entregas aisladas de cuantía elevada u obsequios puntuales resultan desestimados.

  3. Preexistencia. La situación de dependencia debe existir en el país de origen con carácter previo a la presentación de la solicitud y al desplazamiento del familiar a España. El apoyo articulado de manera sobrevenida para obtener el permiso se califica como fraude de ley.

  4. Necesidad objetiva del beneficiario. El solicitante ha de encontrarse imposibilitado para cubrir por sí mismo sus gastos elementales por carecer de pensión suficiente, rendimientos del trabajo, rentas o patrimonio líquido.


La dependencia económica a cargo se somete en todo caso a una valoración individualizada. El órgano instructor pondera conjuntamente el volumen de las remesas, la edad del interesado, su capacidad laboral, la estructura familiar en origen y el coste de vida local.


El estándar cuantitativo: la regla del 51% del PIB per cápita


El parámetro matemático central se recoge en el artículo 196.3 del RD 1155/2024. La norma presume la dependencia económica cuando el reagrupante haya transferido fondos o sufragado directamente gastos del familiar durante al menos los 12 meses anteriores a la solicitud por una cuantía acumulada igual o superior al 51% del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita anual del país de origen del solicitante.


Para el cómputo se emplean las series estadísticas oficiales del Banco Mundial. En defecto de datos actualizados del Banco Mundial respecto de un territorio concreto, resulta admisible la remisión a las bases del Fondo Monetario Internacional (FMI).


A título ilustrativo, si el PIB per cápita anual del país de origen según el Banco Mundial asciende a 5.000 dólares estadounidenses, el umbral mínimo de envíos en doce meses se sitúa en 2.550 dólares (en torno a 213 dólares mensuales). En las operaciones efectuadas en euros se aplica el tipo de cambio oficial del periodo correspondiente. Superar el 51% no garantiza una resolución estimatoria automática si afloran ingresos propios relevantes del solicitante, pero quedar por debajo de dicha cifra conduce casi invariablemente a la denegación.


Acreditación de la carencia de medios propios y de apoyo familiar en origen


El segundo bloque probatorio documenta la situación socioeconómica del beneficiario en su Estado de origen. Aportar exclusivamente resguardos de envío constituye uno de los motivos de denegación más frecuentes. Un expediente sólido de Tarjeta Comunitaria 2026 debe despejar dos interrogantes: la insuficiencia económica del familiar y —para ascendientes bajo el artículo 94.1.e del RD 1155/2024— la carencia de apoyo familiar en origen.


El paquete probatorio habitual expedido en el país de origen integra:


  • Certificado del organismo de pensiones. Acredita la inexistencia de pensión o una cuantía insuficiente para cubrir el sostenimiento ordinario y los gastos farmacéuticos.

  • Declaraciones fiscales o certificado negativo de rentas. Expedido por la Administración tributaria del país de residencia respecto de los últimos uno o dos ejercicios fiscales.

  • Certificación registral de bienes inmuebles y participaciones societarias. Confirma la ausencia de patrimonio productivo, sociedades mercantiles o inmuebles en arrendamiento (la titularidad de la vivienda habitual única no suele desvirtuar el estatus a cargo, si bien conviene contextualizarla).

  • Certificado de desempleo o de discapacidad. Determinante para solicitantes en edad laboral activa (hijos mayores de 26 años en EX-24, mayores de 21 en EX-19 y progenitores de entre 55 y 65 años).

  • Prueba de carencia de apoyo familiar en origen. Exigible para ascendientes bajo el RD 1155/2024. Se acredita mediante certificados de defunción del cónyuge, volante o certificación de composición del hogar, prueba de residencia en el extranjero del resto de los hijos o acreditación médica de incapacidad de otros familiares para prestar asistencia.


Todo documento público extranjero debe presentarse debidamente legalizado (Apostilla de La Haya de 1961 o legalización diplomática) y acompañado de traducción jurada al castellano realizada por traductor-intérprete jurado habilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC).


Solvencia económica del familiar reagrupante


No cabe acreditar la Dependencia Económica si el reagrupante en España carece de capacidad financiera suficiente para atender su propio sostenimiento y el del familiar a cargo. Los umbrales de solvencia varían según el decreto aplicable.


Conforme al artículo 196.3.d) del RD 1155/2024 (para ciudadanos españoles que reagrupan familiares a cargo), el reagrupante y su unidad de convivencia (incluyendo al familiar a reagrupar) deben cumplir dos exigencias acumulativas:


  1. Ningún miembro de la unidad de convivencia debe percibir la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

  2. La unidad de convivencia ha de disponer de ingresos regulares mensuales iguales o superiores al 100% de la cuantía de la pensión no contributiva para unidades de dos personas, o al 130% de la pensión no contributiva para unidades de tres o más miembros. Como alternativa, se admite la tenencia de patrimonio estable por un importe mínimo equivalente a tres veces la cuantía anual correspondiente.


En el marco del RD 240/2007 (artículo 7 y Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio), el ciudadano de otro Estado miembro de la UE acredita suficiencia de recursos mediante una de cuatro vías: contrato laboral por cuenta ajena, alta como trabajador autónomo (cuenta propia), condición de estudiante con declaración de recursos y seguro médico, o acreditación de fondos o rentas periódicas acompañadas de un seguro de enfermedad público o privado con cobertura integral en España sin copagos ni periodos de carencia. La ley prohíbe establecer un importe fijo cerrado, pero el artículo 7.7 del RD 240/2007 fija como referencia máxima el umbral de acceso a la asistencia social en España (referenciado anualmente al importe de la pensión no contributiva según el número de familiares).


Requisitos para familiares directos vs. Familia Extensa


Los familiares directos gozan de un derecho reglado a la reagrupación mediante prueba del vínculo, mientras que la familia extensa queda sujeta a valoración discrecional sobre dependencia económica, enfermedad grave o 24 meses de convivencia previa.


El ordenamiento jurídico distingue nítidamente entre el núcleo familiar directo y el círculo ampliado de parientes. La adscripción del solicitante a una u otra categoría altera radicalmente tanto la intensidad probatoria como el margen de apreciación discrecional de la Oficina de Extranjería.


Familiares directos (Núcleo Familiar)


El núcleo familiar abarca a las personas cuyo derecho de residencia deriva directamente del vínculo familiar cualificado y de la convivencia en España:


  • Cónyuges. Matrimonio válido, no disuelto ni declarado en fraude de ley. El matrimonio de ciudadano español celebrado en el extranjero requiere, como regla general, su inscripción en el Registro Civil español, si bien las Instrucciones SEM 2/2025 y el reglamento admiten la presentación con certificado extranjero acreditando autenticidad y validez jurídica.

  • Parejas registradas (Pareja de Hecho registrada). Unión inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la UE, del EEE o en Suiza, siempre que no conste su cancelación.

  • Parejas estables no registradas (Pareja estable). En 2026 los presupuestos esenciales se equiparan en ambos regímenes (art. 94.1.c RD 1155/2024 y art. 2 bis.1.b RD 240/2007). Exige probar convivencia continuada análoga a la conyugal durante un mínimo de 12 meses (en España o fuera de ella). La existencia de descendencia en común dispensa del periodo de convivencia de doce meses, bastando la acreditación de la vigencia del vínculo.

  • Descendientes. Hijos menores de 26 años (EX-24) o menores de 21 años (EX-19) sin prueba de dependencia; a partir de dichas edades, mediante acreditación de situación a cargo o discapacidad.

  • Ascendientes de primer grado. Padres y suegros en situación a cargo (o mayores de 80 años exentos de prueba financiera en el cauce EX-24).

  • Progenitores o tutores de menor con nacionalidad española. Configurados como categoría directa autónoma en el artículo 94.1.f) del RD 1155/2024. La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026 suprimió la exigencia de que la tutela estuviera constituida exclusivamente conforme a la ley española, ampliando el alcance práctico de este precepto.


Familia Extensa


La categoría de Familia Extensa se incorporó al régimen comunitario mediante el Real Decreto 987/2015 (artículo 2 bis del RD 240/2007). En el nuevo reglamento para familiares de españoles se canaliza a través de la cláusula abierta del artículo 94.1.i) del RD 1155/2024 («otros miembros de la familia que acrediten fehacientemente encontrarse a cargo») y del supuesto específico del artículo 94.1.g) del RD 1155/2024 (un familiar hasta el segundo grado que realice los cuidados de un ciudadano español con grado de dependencia reconocido).


La familia extensa comprende hermanos, tíos, sobrinos, nietos mayores de edad e hijos mayores de 26 años con unidad familiar propia. Las Instrucciones SEM 2/2025 precisan que el artículo 94.1.i) del RD 1155/2024 no establece un límite tasado de grado de parentesco ni de número de familiares, si bien en la práctica administrativa el escrutinio probatorio resulta máximo.


Para obtener resolución favorable como familia extensa bajo el artículo 2 bis del RD 240/2007 debe acreditarse alguno de estos tres supuestos tasados:


  1. Estar a cargo del ciudadano de la UE en el país de procedencia en el momento de la solicitud.

  2. Convivencia continuada con el ciudadano de la UE en el país de procedencia durante al menos 24 meses inmediatamente anteriores al traslado (acreditada mediante certificados históricos de empadronamiento, contratos de arrendamiento y suministros compartidos).

  3. Motivos graves de salud o discapacidad que hagan estrictamente necesario que el ciudadano de la UE se haga cargo del cuidado personal del familiar.


A diferencia de los familiares directos, los expedientes de Familia Extensa se resuelven mediante una valoración individualizada con mayor margen discrecional. La Administración examina el grado de parentesco, la intensidad de la dependencia financiera o asistencial y la imposibilidad real de cobertura alternativa en origen.


Matriz de documentación obligatoria: familia directa vs. familia extensa (2026)


La siguiente matriz de cumplimiento sistematiza la documentación preceptiva para núcleo familiar directo, ascendientes y familia extensa, atendiendo a la bifurcación entre el RD 1155/2024 y el RD 240/2007.


Requisito / Documento

Familia directa: cónyuge, Pareja de Hecho, hijos (<26 EX-24 / <21 EX-19)

Ascendientes (Residencia para padres en España: <80 y >80 años)

Familia extensa (Familia Extensa: hermanos y otros parientes)

Base legal y formulario

RD 1155/2024 (art. 94.1.a–d, EX-24) o RD 240/2007 (art. 2, EX-19)

RD 1155/2024 (art. 94.1.e, art. 196.5, EX-24) o RD 240/2007 (art. 2, EX-19)

RD 1155/2024 (art. 94.1.g, 94.1.i, EX-24) o RD 240/2007 (art. 2 bis, EX-19)

Identificación de las partes

Pasaporte completo en vigor del solicitante; DNI del español o pasaporte + certificado EX-18 del ciudadano UE

Pasaporte completo del progenitor; DNI del español o pasaporte + certificado EX-18 del ciudadano UE

Pasaporte completo del solicitante; DNI del español o pasaporte + certificado EX-18 del ciudadano UE

Acreditación del vínculo

Certificado de matrimonio (<3 meses), certificado registral de Pareja de Hecho o prueba de 12 meses de convivencia; actas de nacimiento de hijos

Certificado de nacimiento del reagrupante (o de su cónyuge) con apostilla y traducción jurada acreditando primer grado

Cadena completa de actas de registro civil apostilladas y traducidas que acredite el grado exacto de parentesco

Prueba de A cargo (Dependencia Económica)

Exenta (salvo hijos ≥26 en EX-24 o ≥21 en EX-19, que exigen dosier íntegro de 12 meses de remesas)

EX-24 (>80 años): exenta (presunción art. 196.5). EX-24 (<80 años) y EX-19 (cualquier edad): envíos ≥12 meses (≥51% PIB/cápita), certificados de pensión y renta, carencia de apoyo familiar (en EX-24)

Obligatoria: trazabilidad de remesas de 12–24 meses (≥51% PIB/cápita) + prueba de necesidad, o 24 meses de convivencia en origen (EX-19), o informes médicos de enfermedad grave / cuidados

Medios económicos del reagrupante

EX-24: exentos (cónyuge, pareja e hijos <26). EX-19: contrato laboral / autónomo / recursos (art. 7 RD 240/2007)

EX-24: sin percepción de IMV + ingresos ≥100% (2 pers.) o ≥130% (3+ pers.) de pensión no contributiva (art. 196.3.d). EX-19: medios del art. 7 RD 240/2007

EX-24: sin percepción de IMV + ingresos ≥100%/130% de pensión no contributiva (art. 196.3.d). EX-19: ingresos estables o ahorros según Orden PRE/1490/2012

Seguro médico

EX-24: no exigido. EX-19: obligatorio (Seguridad Social por actividad del reagrupante o póliza privada sin copagos)

EX-24: no exigido. EX-19: obligatorio (seguro privado con cobertura total sin copagos ni carencias)

EX-24: no exigido (salvo supuestos humanitarios específicos). EX-19: obligatorio (póliza integral sin copagos)

Antecedentes penales

EX-24: obligatorios de los últimos 5 años (apostillados y traducidos, ≥18 años). EX-19: no exigidos por defecto

EX-24: obligatorios de los últimos 5 años (salvo residencia previa de 5 años en España). EX-19: no exigidos por defecto

EX-24: obligatorios de los últimos 5 años con apostilla y traducción. EX-19: no exigidos (salvo controles consulares)

Empadronamiento

Empadronamiento colectivo en España (si se presenta aquí) o compromiso escrito de convivencia

Empadronamiento colectivo (presentación desde España vía RD 316/2026) o acreditación de vivienda

Empadronamiento colectivo en España + certificado histórico de convivencia en origen (si la vía es 24 meses)

Plazo y tasa

EX-24: 2 meses, 0 EUR (TIE: 12 EUR). EX-19: 3 meses, 0 EUR (TIE: 12 EUR)

EX-24: 2 meses, 0 EUR (TIE: 12 EUR). EX-19: 3 meses, 0 EUR (TIE: 12 EUR)

EX-24: 2 meses, 0 EUR (TIE: 12 EUR). EX-19: 3 meses, 0 EUR (TIE: 12 EUR)


La estructuración del expediente conforme a esta matriz evita defectos formales en la fase de admisión. Conviene extremar el rigor en las presentaciones EX-24 desde España: la ausencia de un certificado vigente de antecedentes penales de los últimos cinco años (con validez ordinaria de tres meses salvo indicación distinta en el propio documento) origina un requerimiento de subsanación con un plazo improrrogable de 10 a 15 días hábiles.


Construcción de la trazabilidad documental (Audit Trail) de las transferencias


Un Audit Trail bancario riguroso enlaza los cargos en la cuenta del reagrupante con los abonos en la cuenta del familiar a cargo y sus gastos de manutención en una secuencia cronológica ininterrumpida.


En la práctica de los expedientes de Tarjeta Comunitaria 2026, la solidez de la trazabilidad financiera decide el desenlace del 80% de los procedimientos controvertidos. Las Oficinas de Extranjería de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga desestiman sistemáticamente recopilaciones desordenadas de capturas de pantalla bancarias. El criterio judicial es constante: la carga de probar la continuidad y la finalidad asistencial recae íntegramente sobre el solicitante.


Sobre la base de su experiencia procesal en extranjería, los abogados de VissumLex aplican un protocolo técnico de seis niveles para construir un Audit Trail resistente frente a requerimientos y denegaciones:


  1. Trazabilidad subjetiva directa (Ordenante — Beneficiario). Todas las transferencias deben partir de la cuenta bancaria personal del ciudadano español o comunitario (o de su cónyuge) directamente hacia la cuenta personal del familiar en origen. Los envíos canalizados a través de terceros, conocidos, cuentas societarias o plataformas de criptoactivos quiebran la cadena jurídica y carecen de eficacia probatoria. Los nombres y apellidos en los justificantes deben coincidir exactamente con el pasaporte (las variaciones de transliteración exigen acta de manifestaciones o certificación bancaria).

  2. Cadencia regular y ausencia de picos pre-solicitud. Los envíos han de mantener una periodicidad regular —mensual o bimestral— durante un mínimo de 12 a 14 meses completos previos a la solicitud. Un error recurrente y letal consiste en remitir un ingreso único elevado dos meses antes de presentar el expediente intentando prorratearlo en doce mensualidades. Extranjería califica esta práctica como artificio documental a efectos del artículo 196.1 del RD 1155/2024.

  3. Concepto bancario jurídicamente preciso. El campo de concepto de cada operación debe reflejar inequívocamente su finalidad asistencial: Manutención mensual familiar, Ayuda económica gastos básicos, Pago alquiler y suministros o Gastos médicos. Deben evitarse expresiones ambiguas o negociales como Regalo, Préstamo, Transferencia personal o retribuciones de servicios.

  4. Verificación bancaria bilateral. Junto con los justificantes de transferencia saliente (SWIFT/SEPA) emitidos por la entidad española, el expediente debe incorporar el extracto de la cuenta bancaria receptora en el país de origen correspondiente al mismo periodo. Dicho extracto acredita dos hechos concurrentes: la recepción efectiva de los fondos y su consumo continuado en necesidades vitales (alimentación, farmacia, suministros, retiradas para subsistencia), descartando su mera acumulación en depósitos de ahorro.

  5. Pago directo de gastos del dependiente. Cuando existan restricciones bancarias o controles cambiarios en el Estado de origen, resulta admisible un rastro mixto: abono directo desde la cuenta del reagrupante del alquiler de la vivienda del familiar, facturas hospitalarias, pólizas médicas o estudios, aportando el contrato subyacente donde figure el familiar como beneficiario.

  6. Cuadro resumen de remesas y escrito de alegaciones. Los abogados de VissumLex nunca cargan en la plataforma Mercurio un volumen inconexo de cincuenta archivos PDF. Todo expediente se acompaña de un escrito jurídico de alegaciones firmado por letrado que integra una tabla analítica: fecha de cada operación, número de referencia, importe en euros, tipo de cambio a dólares estadounidenses, suma acumulada en 12 meses y contraste aritmético directo con el 51% del PIB per cápita según la última serie oficial del Banco Mundial.


Caso práctico VissumLex: superación de una denegación por criterio A cargo

El departamento de extranjería de VissumLex asumió la defensa de la madre de una ciudadana española (68 años, nacional de tercer Estado), cuya solicitud inicial presentada sin asistencia letrada había sido denegada. La Oficina de Extranjería motivó la resolución en la «insuficiente acreditación de una dependencia económica estable». En el expediente originario se habían aportado diez recibos dispersos, parte de ellos emitidos desde la cuenta del yerno sin acreditar el vínculo matrimonial, junto con dos entregas en efectivo durante viajes presenciales.


Los abogados de VissumLex desaconsejaron recurrir un expediente estructuralmente deficiente y diseñaron una estrategia de reestructuración integral del Audit Trail durante 12 meses previa a una nueva presentación:


  • Se abrió una cuenta bancaria específica a nombre de la madre en su país de residencia con abonos mensuales directos procedentes de la hija, alcanzando el 64% del PIB per cápita anual del país de origen.

  • Se obtuvieron certificaciones oficiales del organismo de pensiones (demostrando una prestación inferior al coste local de su medicación), de la agencia tributaria (ingresos nulos) y del registro público de la propiedad.

  • Se recopilaron extractos de tarjeta y recibos locales que demostraban el pago de suministros domésticos y tratamientos médicos con cargo a las remesas recibidas.

  • Se acreditó documentalmente la carencia de otros familiares con capacidad asistencial en origen (la única hermana de la solicitante residía legalmente en un tercer país).

  • Se redactó un informe jurídico detallado con invocación del artículo 196 del RD 1155/2024 y matriz auditada de envíos.


El expediente se presentó telemáticamente a través de Mercurio (modelo EX-24) tras la entrada en vigor de los criterios sobre presentación en territorio español. La resolución favorable de autorización de residencia por cinco años con permiso de trabajo se dictó en 42 días naturales sin un solo requerimiento de subsanación.


Hoja de ruta procedimental y sistema de recursos en 2026

Finalizada la auditoría documental, la tramitación se desarrolla en cuatro fases regladas:


  1. Presentación telemática mediante la plataforma Mercurio. Los abogados colegiados provistos de certificado digital profesional ACA presentan el expediente íntegro de forma electrónica ante la Oficina de Extranjería competente, eliminando la espera de cita previa presencial.

  2. Seguimiento de notificaciones (DEHú) y fase de subsanación. Si el órgano instructor solicita aclaraciones, emite un requerimiento electrónico. El plazo legal para subsanar o aportar documentación complementaria es de 10 días hábiles (RD 240/2007) o hasta 15 días (art. 97.6 RD 1155/2024).

  3. Resolución y toma de huellas. Dentro del mes siguiente a la notificación de la resolución favorable (o a la entrada en España con visado), el interesado presenta el modelo EX-17 y la tasa 790-012 abonada (12 euros) ante la Comisaría de Policía Nacional para la expedición de la tarjeta física TIE.

  4. Régimen de impugnación frente a denegaciones. Ante una resolución denegatoria infundada o una interpretación restrictiva del artículo 196 del RD 1155/2024, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o acudir directamente a la vía judicial mediante recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.


Preguntas frecuentes


Esta sección ofrece respuestas jurídicamente precisas a las cuestiones prácticas recurrentes sobre la tramitación de la residencia para familiares de españoles y ciudadanos comunitarios en 2026.


¿Sirven las transferencias por Western Union como prueba de dependencia?


Los envíos a través de Western Union, MoneyGram o Ria son admitidos por las Oficinas de Extranjería como medio de prueba válido siempre que identifiquen plenamente al ordenante, al beneficiario y acrediten el cobro efectivo.


La normativa española no impone el uso exclusivo de transferencias interbancarias SWIFT o SEPA. El artículo 196 del RD 1155/2024 y la jurisprudencia admiten cualquier medio de prueba válido en derecho para acreditar el sostenimiento económico. No obstante, los justificantes de remesadoras se someten a un control de verificación más estricto.


Para que los recibos de Western Union desplieguen plena eficacia probatoria deben observarse tres cautelas. En primer lugar, no basta el resguardo de envío; debe adjuntarse acreditación oficial de que el dinero fue cobrado personalmente por el familiar (recibo de cobro firmado o certificado anual emitido por la entidad remesadora). En segundo lugar, los nombres y apellidos de remitente y destinatario han de coincidir literalmente con los pasaportes. En tercer lugar, dado que el cobro en ventanilla no deja rastro bancario de gasto posterior, conviene complementar estos envíos con justificantes locales de gastos básicos de subsistencia.


¿Es posible reagrupar a hermanos o hermanas?


La reagrupación de hermanos mayores de edad es viable en 2026 a través de la categoría de familia extensa, siempre que se acredite fehacientemente la situación de dependencia económica, convivencia previa o necesidad de cuidado personal.


Los hermanos no integran el núcleo familiar directo, pero encuentran encaje en dos mecanismos normativos. Si el ciudadano reagrupante es nacional de otro Estado miembro de la UE (modelo EX-19), resulta aplicable el artículo 2 bis del RD 240/2007 (Familia Extensa). El solicitante debe probar bien la dependencia económica a cargo en origen, bien una convivencia previa continuada de 24 meses en el país de procedencia, bien una enfermedad grave que exija el cuidado personal del ciudadano comunitario.


Cuando el reagrupante ostenta la nacionalidad española (modelo EX-24), el RD 1155/2024 ofrece dos cauces específicos. Al amparo del artículo 94.1.i), el hermano puede obtener autorización como «otro miembro de la familia» acreditando estrictamente la situación a cargo conforme al artículo 196 (al menos 12 meses de remesas desde el 51% del PIB per cápita y ausencia de medios de subsistencia). Alternativamente, el artículo 94.1.g) del RD 1155/2024 permite al hermano (pariente de segundo grado) acceder a la residencia sin prueba de dependencia económica si asume los cuidados de un ciudadano español con grado de dependencia oficialmente reconocido.


¿Durante cuántos meses hay que enviar dinero antes de presentar la solicitud?


El periodo mínimo reglamentario de transferencias regulares se fija en 12 meses consecutivos previos a la solicitud, si bien en expedientes complejos o de familia extensa resulta recomendable estructurar un historial de entre 12 y 24 meses.


El artículo 196.3 del RD 1155/2024 determina expresamente un horizonte temporal anual: el envío sistemático de fondos por importe igual o superior al 51% del PIB per cápita del país de origen durante el último año genera la presunción de dependencia. La aportación de extractos limitados a 6 o 9 meses aboca casi sistemáticamente a una denegación por falta de estabilidad acreditada.


En la práctica administrativa de 2026, tratándose de solicitudes de Familia Extensa bajo el artículo 2 bis del RD 240/2007 o de visados tramitados ante consulados con índices elevados de denegación, la planificación a 12–24 meses refuerza sustancialmente la defensa del expediente. Cabe recordar que el plazo de 24 meses se halla expresamente tasado en el artículo 2 bis.4.a) del RD 240/2007 cuando la solicitud se funda en convivencia continuada en origen.


¿La Tarjeta Comunitaria autoriza a trabajar en España?


Ambas autorizaciones —tanto el modelo EX-19 (RD 240/2007) como el modelo EX-24 (RD 1155/2024)— otorgan derecho pleno a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional.


El artículo 3.2 del RD 240/2007 y el artículo 95.1 del RD 1155/2024 facultan a los titulares de estas tarjetas quinquenales para desarrollar cualquier actividad lucrativa sin sujeción a la situación nacional de empleo y sin necesidad de tramitar una autorización de trabajo independiente.


Una novedad procesal relevante del RD 1155/2024 afecta al periodo de tramitación. En virtud del artículo 97.5 del nuevo reglamento, los cónyuges, parejas registradas e hijos menores de 26 años de ciudadanos españoles quedan habilitados provisionalmente para trabajar desde el mismo momento del registro de la solicitud (mediante el resguardo de presentación). Aunque en la práctica algunas empresas y gestorías muestran cautela hasta disponer de la resolución definitiva, el derecho jurídico al alta en Seguridad Social nace desde la presentación. Para los ascendientes y miembros de la familia extensa, la autorización laboral despliega efectos a partir de la resolución favorable.


¿Qué ocurre en caso de divorcio del ciudadano comunitario o español?


Producido el divorcio o la cancelación de la pareja registrada, el ciudadano extranjero debe comunicar el cambio a Extranjería en el plazo legal para conservar su estatus de residencia o modificarlo a una autorización independiente.


El régimen jurídico aplicable tras la ruptura depende del decreto que originó la tarjeta. En el marco del RD 240/2007 (artículos 9.4 y 14.2), el excónyuge o expareja registrada debe notificar el divorcio o cancelación registral a la Oficina de Extranjería en el plazo de tres meses. El titular mantiene la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión si acredita al menos una de estas cuatro circunstancias:


  • Duración del matrimonio o de la pareja registrada (Pareja de Hecho) de al menos tres años hasta el inicio del procedimiento judicial de divorcio o cancelación, con un mínimo de un año de convivencia en España.

  • Atribución por resolución judicial o acuerdo notarial de la custodia de los hijos comunes al excónyuge extranjero.

  • Establecimiento judicial o convencional de un régimen de visitas respecto de un hijo menor residente en España.

  • Concurrencia de circunstancias especialmente difíciles, concretamente haber sido víctima de violencia de género o de trata de seres humanos durante la vigencia del vínculo.


En el régimen del RD 1155/2024 (artículo 99), supuestos análogos permiten solicitar una residencia independiente en el plazo de seis meses desde el hecho causante (divorcio o fallecimiento del reagrupante). No obstante, la norma excluye expresamente del derecho de mantenimiento automático a las parejas estables no registradas (art. 94.1.c) y a los supuestos de familia extensa (art. 94.1.i RD 1155/2024; art. 2 bis RD 240/2007). De no concurrir los supuestos de conservación, el interesado dispone de un plazo de tres meses desde la ruptura para modificar su situación a una autorización del Régimen General —cuenta ajena, cuenta propia o no lucrativa— (arts. 99.7 y 191.8 RD 1155/2024), quedando exento del análisis de la situación nacional de empleo (art. 40 de la Ley Orgánica 4/2000).


¿Es obligatorio que el ciudadano de la UE tenga contrato de trabajo en España?


Disponer de un contrato laboral en España no constituye la única vía para acreditar medios económicos; la normativa prevé el trabajo autónomo, la tenencia de recursos propios y la exención de prueba financiera en el régimen EX-24.


Las exigencias de actividad económica del reagrupante divergen sustancialmente entre las dos ramas normativas vigentes en 2026:


  1. Ciudadanos españoles (formulario EX-24, RD 1155/2024). En la reagrupación de cónyuge, pareja registrada o estable e hijos menores de 26 años no se exige contrato de trabajo ni acreditación de medios económicos. La comprobación de recursos (ausencia de IMV y umbral del 100%/130% de la pensión no contributiva del art. 196.3.d) se reserva exclusivamente a los supuestos que requieren acreditar situación a cargo (ascendientes, hijos mayores de 26 años y familia extensa).

  2. Ciudadanos de otros Estados de la UE/EEE y Suiza (formulario EX-19, RD 240/2007). El artículo 7 del RD 240/2007 y la Orden PRE/1490/2012 contemplan cuatro supuestos equivalentes. En defecto de contrato de trabajo por cuenta ajena, el ciudadano comunitario puede acreditar el alta como trabajador autónomo, o bien justificar recursos económicos suficientes (ahorros bancarios, pensiones, dividendos o rentas procedentes del exterior) combinados con un seguro médico público o privado que cubra todos los riesgos en España sin copagos ni periodos de carencia.

 
 
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